José
Orlando Morera C. |
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Satisfactorio y saludable para la formación
intelectual haber elaborado una breve reseña
descorriendo los velos de la historia con
el propósito de conocer los hechos
como fenómenos objetivos, con sus
correspondientes causas que los engendraron
y las razones mismas que impulsaron a la
voluntad humana para ser causa eficiente
de los acontecimientos.
Los partidos políticos, se presentan
como los cauces por los cuales corren, y
a veces se desbordan, determinadas corrientes
de la opinión ciudadana.
Se ha dicho, y con razón, que la
vida de la sociedad, al igual que la vida
humana, se parte en edades específicas
de evolución, progresiva y regresiva.
El proceso de institucionalización,
se confunde con la historia misma de los
pueblos. En el vasto campo de la vida política
y de la religiosa cobra especial trascendencia.
Dentro de las sociedades políticas
se ha institucionalizado una multiplicidad
de costumbres o normas que durante largo
tiempo fueron simple derecho consuetudinario.
"Solamente cuando en un pueblo se ha
perfeccionado el proceso de institucionalización
de tales formas orgánicas de convivencia,
dicho pueblo adquiere la madurez de su vida
societaria y puede influir fecundamente
sobre otros pueblos."
"A su vez la decadencia de los pueblos
se inicia con la disolución o desfiguración
de sus instituciones. Así, el Estado,
el sistema, la doctrina, el partido político
se desfiguran y corrompen por múltiples
causas que, nos pone de presente la crónica
de las grandes civilizaciones antiguas y
modernas".
El estadista no es ya el que hace feliz
al ciudadano sino el que con más
habilidad lo explota, quien hace crecer
su popularidad a costa del espíritu
ingenuo, resignado e impotente de ese ciudadano
a quien debiera proteger y elevar; no es
hombre de Estado quien sirve a sus compatriotas
sino quien con más dureza se hace
servir.
El hombre honrado va quedándose zaguero
como simple blanco de hazmerreír,
y el más listo vale más porque,
no importan los medios, ha llegado primero.
El político y el conductor de multitudes
parecen de mejor recibo cuando traicionan
y se traicionan, cuando fingen, cuando con
cautela o interés rescatan u ocultan
la verdad.
Es evidente la crisis en la democracia representativa
colombiana, al igual que en su derecho objetivo,
como consecuencia de la crisis en sus partidos
tradicionales. Porque si éstos, que
son los canalizadores del querer popular,
se desvirtúan, para dar cauce a otros
propósitos, ajenos a la finalidad
para la cual se les dio existencia, necesariamente,
o deben reorganizarse en una forma más
conveniente y adecuada al momento, o deben
morir para dar paso a nuevas organizaciones
políticas en las que sí se
busque el bienestar colectivo como resultado
de la opinión popular.
La violencia como hecho político
ha estado presente de manera persistente
en el proceso de conformación de
la sociedad colombiana. Desde las guerras
civiles del siglo XIX, los nacientes partidos,
Liberal y Conservador, "apostaron sus
proyectos políticos a las armas,
a través de las cuales comenzó
ese largo transito de relación y
entrecruzamiento entre violencia y política."
A diferencia de otros países de América
Latina, los dos grandes partidos políticos
colombianos se constituyen en verdaderas
instituciones de profunda presencia nacional.
La lealtad de sus partidarios se transmite
por generaciones y aun por poblaciones.
Ello va a tener decidida importancia en
la extensión y radicalización
de la violencia en el territorio colombiano.
Después de treinta años de
un periodo que comienza con los albores
del siglo XX y que se ha dado en denominar
como de "la hegemonía conservadora",
los liberales llegan al poder a principios
de los años treinta. En su predicamento
político está la idea de modernizar
los criterios de desarrollo. Se introducen
reformas al sistema laboral, al régimen
de propiedad de la tierra y en otros sectores
como la educación y los procesos
de industrialización.
En 1946 los conservadores regresan al poder,
en medio de fuertes tensiones políticas,
agudizadas por viejos enfrentamientos. Jorge
Eliécer Gaitán, líder
liberal de amplio arraigo popular, es asesinado
en 1948, cuando se celebraba en Bogotá
la Conferencia Panamericana que dio origen
a la actual Organización de Estados
Americanos, OEA. Hubo grandes motines urbanos
conocidos como "el Bogotazo" y
mueren mas de 2,000 personas. Se desata
entonces el período de "la Violencia",
un quinquenio de barbarie que se extiende
hacia campos y ciudades. Entre 100,000 y
200,000 muertes cobra el proceso.
Un lógico trauma nacional deja como
huella la violencia desatada. Sobreviene
un Golpe de Estado que interrumpe, por corto
lapso (1953-1958) lo que había sido
una larga historia de democracia formal
en Colombia. El Gobierno Militar obtuvo
un armisticio parcial en las luchas campesinas,
pero las restricciones a la prensa y a la
actividad de los partidos llevaron a liberales
y conservadores a unirse para derrocarlo.
Es así como nace en 1958 el acuerdo
del "Frente Nacional" que cobra
carácter constitucional de gobiernos
compartidos y alternados por 16 años.
Además de la alternancia en la Presidencia,
permite la división de los cargos
ministeriales y puestos en el Congreso.
Restablece la paz y la estabilidad. Pero
ese proceso va a tener una consecuencia
de aplazamiento de muchos de los grandes
problemas nacionales a la vez que opera
como un mecanismo de bloqueo para opciones
diferentes a los dos partidos tradicionales.
Para algunos, el modelo, al no presentar
oportunidades políticas y a la tardanza
de los gobernantes en atender con éxito
situaciones de extrema pobreza o marginalidad
en amplias zonas de la población,
hizo posible el resurgimiento de anteriores
movimientos agraristas que son infiltrados
por la ultra izquierda y ahora adoptan carácter
comunista o castrista en algunos casos;
en otros, maoísta, sin excluir la
aparición entre ellas, de bandas
de delincuentes comunes. En 1964 se fundan
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
FARC, por guerrilleros de origen comunista
y un año después aparece el
Ejercito de Liberación Nacional,
ELN, de clara inspiración pro-castrista.
Sin embargo, la visión extrema de
atribuir exclusivamente el origen de la
violencia a la depauperación social
y la llamada conducta cerrada y elitesca
de la política colombiana, contrasta
con el esfuerzo de desarrollo social y económico
adelantado por algunos gobiernos. El hecho
de que Colombia por largos años mantuviera
una razonable tasa de crecimiento, aceptable
institucionalidad política y que
constituyera la excepción a la crisis
registrada en la región durante los
años ochenta, arroja aún más
elementos de análisis en la complejidad
del caso colombiano.
En la primera parte de los años
sesenta, durante el gobierno de Guillermo
León Valencia, la tensa situación
política y la recesión económica
impactada por la reducción de los
valores de exportación, condujo a
una fuerte devaluación de la moneda.
Las compensaciones laborales, vista la gran
presión sindical, se incrementan
en hasta un 40%. Se registra el mas agudo
proceso inflacionario desde 1905. Las políticas
deflacionarias aplicadas elevan el desempleo
a cerca del diez por ciento en las mayores
ciudades y una creciente desconfianza hacia
el Frente Nacional lleva a que menos del
diez por ciento del electorado vote en las
elecciones para congresantes de 1964.
Pero la economía retorna hacia el
camino del crecimiento. Durante el gobierno
de Carlos Lleras Restrepo, el tercer presidente
del Frente Nacional (1966-70), se introducen
importantes reformas políticas, y
la economía, hacia el final del periodo,
alcanza una elevada tasa de crecimiento
(7%). No hay duda que influyen los altos
precios que alcanza el café, pero
ello no desmerita el esfuerzo hecho. Mucho
menos, elevar el grado de credibilidad de
la dirección política.
En 1970, va a producirse un hecho de especial
importancia con ocasión de la elección
de Misael Pastrana Borrero, el candidato
conservador respaldado por el Frente Nacional.
Su opositor, el ex-dictador Gustavo Rojas
Pinilla, obtiene amplio respaldo en la votación
urbana, lo cual se interpreta como un voto
contra el Frente Nacional. Esa apretada
elección da origen a la aparición
de un grupo guerrillero, en 1973-74, el
Movimiento 19 de Abril, o M-19, denominado
así por la fecha en la cual, según
su consigna, le fue "robada la elección"
a Rojas Pinilla.
La transición hacia la libre competencia
electoral y el fin del acuerdo del Frente
Nacional, transcurre sin mayores dificultades.
En 1974, Alfonso López Michelsen,
del Partido Liberal, cumple su periodo de
cuatro años (1974-78) y trasmite
la presidencia a Julio César Turbay
Ayala, un liberal de centro. Continua la
baja participación electoral y crece
el temor de que puede producirse una asonada
militar de cualquier signo político.
El acuerdo de Frente Nacional, además
de permitir a los oponentes políticos
argumentar la toma de la vía armada
por la imposibilidad de competir democráticamente,
tuvo un importante efecto paradójico:
el traslado de la competencia política
dentro de cada partido y no entre ellos.
La huella del Frente Nacional aun subsiste,
y en los gobiernos electos son invitados
a participar miembros del partido opositor.
La secuela del asesinato de Gaitán
y la constitución del Frente Nacional,
produjeron una petrificación de la
política colombiana en la memoria
colectiva que ha llevado a descuidar las
virtudes de la democracia representativa
y a errar en el reconocimiento de su evolución.
El proceso armado en Colombia tiene hondas
raíces sociales, políticas
e históricas. Su inserción
en la estructura social le ha permitido
consolidarse y evolucionar hacia una pretensión
de desplazamiento absoluto de las clases
dirigentes actuales en la dirección
del Estado.
Son muchos los factores que determinan
esa realidad. Factores exógenos como
la Revolución Cubana y el "castrismo"
como ideología de insurgencia guerrillera
para la toma del poder; la guerra fría
y su consecuente enfrentamiento entre el
mundo socialista y el mundo capitalista
y la ruptura de las líneas políticas
soviéticas y chinas que a su vez
enfrentan las tendencias de "coexistencia
pacífica" y "revolución
mundial", respectivamente.
Algunos factores endógenos que determinan
el proceso pueden encontrarse en: las insurgencias
campesinas y su posible prolongación
en la cultura popular; la exclusión
política que representó la
conformación del Frente Nacional;
el retraso en la atención a los problemas
sociales; la aparición de la "nueva
izquierda" como organizaciones políticas
distintas al Partido Comunista, tales como:
el Movimiento Obrero Estudiantil, Campesino,
MOEC; el Frente Unido de Acción Revolucionaria,
FUAR y las Juventudes del Movimiento Revolucionario
Liberal, JMRL, entre otros, que constituyen
las simientes en las direcciones de los
frentes armados actuales.
Desde los años setenta se inicia
un proceso de reformas políticas
que encuentran en la Constitución
de 1991 su mejor expresión. Las primeras
conversaciones de paz arrojan positivos
resultados y grupos guerrilleros, con excepción
de las FARC y el ELN, deponen las armas.
La nueva constitución se dicta en
el marco de un amplio debate nacional y
sus previsiones apuntan hacia una profundización
del proceso democrático. Restricción
al poder central ejecutivo y promoción
de la participación política,
constituyen sus líneas básicas.
La influencia del modelo constituyente español
en cuanto a autonomías regionales
se hace presente en la concepción
del proceso de descentralización.
Se dota de mayor autoridad a las figuras
de los alcaldes y gobernadores departamentales.
La Fiscalia General y la protección
a los derechos humanos ocupan ahora un espacio
de destacada importancia. La participación
ciudadana alcanza elevados niveles en los
procesos electorales, cerca del sesenta
por ciento en las elecciones de 1998. Nuevas
figuras, sobre todo a nivel regional, aparecen
en la escena política.
La necesidad de nuevas reformas constitucionales
se hace evidente. La violencia y el terrorismo
son rampantes; el "contrato social"
esta amenazado. El sistema judicial es incapaz
de reducir y castigar el crimen mientras
que esa misma Constitución es proactiva
en el área económica, cerrando
posibilidades al mercado y al diseño
de políticas económicas.
También el Parlamento aparece fragmentado
y sujeto a miles de presiones. Sus relaciones
con el Ejecutivo son difíciles. Adicionalmente,
las insuficiencias institucionales amenazan
la tradicional estabilidad. En efecto, el
proceso de descentralización ha dejado
una secuela de importantes déficits
fiscales e ineficiencias en las relaciones
entre el gobierno central y los gobiernos
regionales. El proceso presupuestario es
frágil y no transparente. Los servicios
sociales y los programas para la reducción
de la pobreza son ineficientes y carecen
de recursos. La política monetaria
y financiera requiere de firmes controles
de la inflación.
Aun cuando muchos de estos problemas son
comunes a los países en vías
de desarrollo y, aun en economías
industriales, en Colombia aparecen al borde
del colapso. Un obstáculo para superar
estas limitaciones se encuentra en el hecho
de que la Constitución de 1991 es
sumamente detallada en su articulado. La
consecuencia es que relativamente pequeños
cambios e inclusive, requerimientos indispensables
para la política económica,
quedan sujetos a reformas constitucionales.
La exuberante y diversa geografía
colombiana hace de este país el segundo,
después de Brasil, en grado de biodiversidad
en la región. Es también el
quinto en cuanto a extensión geográfica
y el tercero en población con sus
41 millones de habitantes. Colombia es el
segundo exportador mundial de café
y flores. Ha gozado de una privilegiada
estabilidad económica con un crecimiento
promedio del cinco por ciento de su Producto
Territorial Bruto entre los años
1945 y 1995. Es uno de los pocos países
de la región que disfruta de una
alta calificación para la inversión
internacional y, además, es una de
las más antiguas democracias de Iberoamérica.
Sin embargo, también Colombia se
ha convertido en el primer proveedor de
cocaína del mundo. La presencia del
narcotráfico como forma organizada
de actividad criminal, ha desatado nuevas
formas de violencia que amenazan la estabilidad
del propio Estado. La violencia política
se entrecruza con la violencia ejercida
por la actividad ilegal del narcotráfico.
El negocio de las drogas permite el fortalecimiento
de las fuerzas insurgentes, tanto de las
FARC y el ELN, como de la organización
paramilitar de derecha, Autodefensas Unidas
de Colombia, AUC. Evidente resulta la influencia
determinante del narcotráfico, en
la extensión, profundización
y características del conflicto y
en su proyección internacional.
La tasa de homicidios en Colombia es una
de las mas altas del mundo. Para 1991, casi
ochenta colombianos de cada cien mil eran
asesinados. Los homicidios en Colombia son
tres veces mayor que los que se registran
en Brasil o México y diez veces superior
a los cometidos en Argentina, Uruguay, o
los Estados Unidos. Solamente El Salvador
superó las cifras registradas en
Colombia para la ultima década. Para
el Ministerio de la Defensa el numero de
victimas muertos en combate durante el año
2000 fue de 1777, mientras que la Comisión
Colombiana de Juristas, CCJ, grupo de defensa
de derechos humanos, 6.067 personas fueron
victimas de la violencia socio-política.
Un incremento del 50% con respecto al año
anterior. Por su parte, también Colombia
es líder mundial en numero de secuestros.
El año 2000 la policía registró
3.707 secuestros, es decir, unos diez diarios.
En general, existen serias dudas sobre las
cifras oficiales de los índices de
delitos cometidos. Ello encuentra su explicación
en la perversa tendencia del sistema judicial
colombiano de registrar los delitos solamente
en los cuales los delincuentes son identificados
por las victimas. Es por eso que existe
una extraña coincidencia entre la
tasa de delitos reportados y el numero de
delincuentes aprehendidos.
Las razones para explicar el alto índice
delictivo en Colombia son, sin dudas, complejas.
Determinar sus causas es una difícil
tarea, mucho más si se tiene en cuenta
de que se carecen de estadísticas
confiables.
Así las cosas serian cinco las causas
que explican este fenómeno social.
Ellas son: (1) El trafico ilegal de drogas,
(2) La falta de castigo a los delincuentes,
(3) La presencia de grupos extra-gubernamentales
(guerrillas y paramilitares) que han asumido
tareas que corresponden al gobierno en regiones
del país, (4) La pobreza y desigualdad
social, y su aprovechamiento por los irregulares,
y (5) La posibilidad, para algunos analistas,
que las décadas de conflicto hayan
creado una población mas inclinada
hacia la violencia.
Una resaltante contradicción del
caso colombiano es la de que a pesar de
la magnitud de sus conflictos internos,
el gasto militar es relativamente bajo.
"Para 1998, el 15,8% del PNB ruso se
destinaba a gasto militar, el 5,8% de los
Estados Unidos, el 3,8% de Francia, el 3,0%
de Noruega, el 2,35 de Chile y el 2,1% de
los pequeños Uruguay y Panamá.
Países con conflictos armados internos
pendientes hacían esfuerzos mucho
mayores: Filipinas el 15,8%, Angola e Israel
el 13%, Nicaragua el 8,7%, y El Salvador
el 2,8%". Colombia solo gastaba para
1989 el 1,4%. Las fuerzas militares colombianas
fueron por años muy pequeñas.
En 1985 contaban con 66.000 hombres, la
mitad del Frente Sandinista y menos que
el ejercito chileno de 100.000 hombres.
Para el año 2000 se incrementan hasta
120.000 que no son muchos en relación
en relación con el número
de habitantes y la extensión del
territorio.
Durante los años 80 se amplió
la influencia de los carteles colombianos
de drogas hacia los países vecinos
mediante las operaciones de importación
de químicos y el lavado de dinero.
Fue en 1989, después de la muerte
del candidato presidencial Luis Carlos Galán,
y la subsiguiente guerra contra el cartel
de Medellín, que los capos colombianos
de la droga extienden sus operaciones sobre
todo el continente. Se afirma que ya "para
mediados de los años 90 no existía
un país de Latino América
o el Caribe que no estuviese envuelto de
alguna manera en la producción y
el comercio de las drogas."
Colombia es considerada como el líder
en la exportación de cocaína.
La mayoría de la coca es cultivada
hoy día en tierras colombianas, aun
cuando todavía parte de ella se importa
del Perú y Bolivia, para luego de
tratada, ser reexportada. Para la DEA, el
75 por ciento de la droga que llega a los
Estados Unidos se origina en Colombia. Sin
embargo, existe consenso de que en la actualidad
México es la ruta más importante
para el ingreso de la droga a los Estados
Unidos. Esto significa que siendo el mercado
de consumo la parte más rentable
de esta actividad, los beneficios del comercio
de la droga deben haber disminuido las entradas
para los traficantes colombianos.
Las estimaciones sobre los ingresos por
concepto del tráfico de drogas en
Colombia, muestran altas variaciones para
finales de los años ochenta. Las
cifras oscilan entre unos 5.500 millones
como máximo y un mínimo de
1.200 millones de dólares. Este valor
de las exportaciones de drogas equivale
a entre un 3 a un 14 por ciento del Producto
Interno de Colombia. Otras fuentes señalan
que el comercio de la cocaína que
por lo demás, desplaza al café
como primer suplidor de ingresos de origen
externo canalizó, para 1984,
entre 10.000 y 12.000 millones de dólares
a la economía colombiana proveniente
del trafico de drogas.
Son muchas las evidencias que demuestran
una estrecha correlación entre el
tráfico de drogas y la violencia.
Así por ejemplo, la experiencia norteamericana
en los últimos 100 años sirve
de ejemplo al analizar la tasa de homicidios
per capita. Hay dos periodos en los cuales
es excepcionalmente alta en los Estados
Unidos: los años de la Prohibición
(1920-33) cuando la venta de alcohol era
ilegal, y desde los años 80 hasta
principios de los 90 cuando el polvo de
cocaína y después el crack
de cocaína, floreció en los
Estados Unidos.
El caso colombiano también prueba
la existencia de la relación producción
de drogas y violencia. El periodo de máximo
incremento en el número de homicidios
se corresponde con la expansión del
mercado de exportación de cocaína.
Los dos departamentos del país con
la mayor tasa de homicidios fueron Valle
y Antioquia en los cuales están localizadas
las ciudades de Cali y Medellín.
La tasa de homicidios en esos departamentos
fue cuatro veces más alta que la
media registrada en 1990 para otros departamentos
de Colombia. A partir de ese año,
con el desmantelamiento de los carteles
de Cali y Medellín, disminuye considerablemente
ese índice.
El exterminio de las siembras de drogas
ha sido una tarea ímproba por parte
de Colombia y los Estados Unidos; tal vez,
la facilidad de su cultivo impide su efectiva
erradicación. Adicionalmente, la
dependencia económica de pequeños
agricultores de esta actividad, también
opera como un elemento que entorpece tal
propósito. En las selvas de las provincias
de Putumayo y Vaupés, lejos del alcance
de las bases antinarcóticos y de
los aviones fumigadores, florecen y se multiplican
los cultivos de coca.
Los pequeños cultivadores bendicen
la coca pues es el único medio que
nos da lo suficiente para vivir. Algunas
variedades de coca producen hojas frescas
cada 75 días. Las cosechas legales
de plátanos, por el contrario, solo
producen dos o tres cargas al año.
Otros cultivos mas especializados, como
el caucho y la palma africana, toman ocho
y cuatro años, respectivamente.
Adicionalmente, los intermediarios que
compran la coca como pasta semiprocesada,
pagan en efectivo y la recogen en la puerta
de los cosecheros. En provincias como el
Guaviare, la cual es del tamaño de
Suiza, hay solamente 5 Km. de carreteras
pavimentadas. Es decir, se le resuelve al
agricultor el difícil problema del
transporte de sus cosechas a los mercados.
Los esfuerzos por la sustitución
de dichos cultivos forman parte de la agenda
común de negociación de los
norteamericanos.
En definitiva, los productores de coca
son pequeños cosecheros utilizados,
que ven en este cultivo la única
posibilidad de subsistencia. En búsqueda
de esa subsistencia se internan cada vez
mas en las zonas selváticas para
sobrevivir y estar a salvo a pesar del riesgo
de sus vidas. Este fenómeno puede
entenderse como la consecuencia de la imposibilidad
del Estado colombiano de proveer un sistema
de vida digno para estos pobladores. No
es de extrañar entonces que las FARC
ofrezcan protección a estos pequeños
cultivadores para aprovecharse de ellos.
Ello conduce a inevitables vínculos
entre unos y otros.
Para algunos, la justificación de
los cultivos de drogas está en el
derecho de los campesinos de producir para
el mercado norteamericano al igual que lo
hacen los grandes cultivadores de café.
Las áreas de cultivo de coca están
concentradas, fundamentalmente, en los departamentos
de Guaviare, al sur del Meta, Caquetá,
Putumayo, Cauca, y también en algunas
áreas del Magdalena Medio, Norte
de Santander y Sierra Nevada de Santa Marta.
En el cultivo de esas áreas, las
FARC, representan un papel semejante al
del Estado frente a la economía informal.
Como el cultivo de coca es una estructura
económica ilegal, no regulada por
el Estado, en la cual el Estado no aplica
la ley ni resuelve los conflictos entre
los ciudadanos, las FARC asumen ese papel.
En el extremo de esta posición, en
una forzada justificación socio-política,
se concluye que las FARC en la industria
de la droga intervienen con el objeto de
regular la economía social y el derecho
de los pequeños cultivadores. Ellos
requieren que los traficantes de drogas
le paguen sus correspondientes contraprestaciones
a los débiles campesinos.
Existen marcadas diferencias entre la violencia
en Colombia y otras regiones del continente.
La prevalencia del conflicto, el incremento
de los movimientos guerrilleros, la presencia
de grupos paramilitares, la conexión
con la ilícita actividad del trafico
de drogas y en fin, la imposibilidad manifiesta
del Estado para reducir su influencia, determinan
especifidades que requieren de su revisión.
El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) puede situarse en el
llamado periodo de La Violencia, a pesar
de que el propio movimiento sitúa
su nacimiento en mayo de 1964.
La segunda organización en importancia,
el Ejército de Liberación
Nacional, ELN, encuentra su origen en un
grupo de estudiantes que regresan de Cuba
después de la Revolución liderada
por Fidel Castro. Sin embargo, el propio
movimiento lo califica como de origen netamente
campesino.
A mediados de los años ochenta,
estos grupos experimentan su mayor crecimiento.
De menos de unos dos mil hombres armados
para aquella época, alcanzan la cifra
de 12.000 combatientes activos. Su influencia
regional de un poco mas de 100 municipios
de los 1.075 existentes, alcanza a cerca
de 600 en 1997.
El vinculo entre guerrillas, paramilitarismo
y otros grupos armados, debe analizarse
desde dos dimensiones: el papel desempeñado
por el sistema judicial que mediante su
débil actuación propicia la
existencia y proliferación de tales
grupos, y, por otra parte, el hecho de que
estos grupos suministran servicios de protección
privada. Es por ello que la asociación
con el crimen es de naturaleza compleja.
Existen evidencias de que los primeros grupos
guerrilleros ofrecían protección,
en los municipios rurales, contra el robo
de ganado. El rápido crecimiento
del ELN en los ochenta, aparece asociado
con extorsiones practicadas contra las compañías
petroleras. Por su parte, los grupos paramilitares
se presentan estrechamente vinculados con
los capos de las drogas, entre otros, los
conocidos como M.A.S. "Muerte a Secuestradores",
creados como respuesta a los secuestros
practicados por las guerrillas.
La evidencia empírica entre homicidio
y guerrillas es muy débil y a veces
arroja resultados sorprendentes. Los índices
en áreas con presencia guerrillera,
no son peores que donde no las hay. Municipios
que para 1990 no tenían guerrillas
y que hoy las tienen, ven disminuir su índice
de homicidios. Municipios que nunca tuvieron
guerrillas mantienen sus índices
de homicidios.
En materia de secuestros los periodos de
mayor crecimiento, van de 1986 a 1991, cuando
la tasa de secuestros per cápita
crece un 40% al año y, desde 1995
al presente, con una rata de casi un 25%
anual. Existe un claro vinculo entre guerrillas
y secuestros. Mas de la mitad de ellos lo
atribuyen las victimas a grupos guerrilleros.
La otra mitad es atribuida a "criminales
comunes". Estos, a su vez, suelen "vender"
sus secuestrados a los grupos guerrilleros.
Para el periodo 1991-1995, el average de
"rescate" pagado se calcula en
cerca de US$ 100.000. Para 1997 un rescate
de un millón de dólares, suele
ser frecuente.
En 1982, el candidato conservador, Belisario
Betancur Cuartas, es electo presidente.
Su gobierno estuvo sometido a serios desafíos
por parte de la violencia, que enfrentó
con decisión y cordura. En 1984,
es asesinado el Ministro de Justicia. El
año siguiente, el M-19 asalta el
Palacio de Justicia en Bogotá. Cuando
las fuerzas militares intervienen para liberar
a los rehenes, pierden la vida mas de 100
personas, incluyendo la mitad de los jueces
de la Corte Suprema.
Betancur trata empeñosamente de poner
fin a la violencia. En noviembre de 1982,
firma una ley de amnistía y logra
en los años siguientes convencer
de un cese al fuego por parte de las FARC
y el M-19. Al mismo tiempo comienzan a desarrollarse
las llamadas "autodefensas". El
M-19, tiempo después, depone las
armas y se integra al proceso democrático.
La presidencia de Virgilio Barco Vargas,
se inicia en agosto de 1986 con el firme
propósito de resolver la conflictividad
civil. Sin embargo, los grupos guerrilleros
se hacen más activos y los "paramilitares"
superan en numero de muertes a los grupos
guerrilleros. Los carteles de la droga,
especialmente el de Medellín inician
la practica del terror contra el gobierno.
El homicidio pasa a ser la primera causa
de muerte en Colombia y su numero supera
a los registrados durante la época
de "La Violencia".
Durante el gobierno de Cesar Gaviria, se
celebra una asamblea constituyente para
reemplazar la de 1886. La Constitución
de 1991 introduce cambios significativos.
Como la elección limitada a un solo
término, una segunda vuelta electoral
de ser necesario y, en fin, un sistema de
control gubernamental. El Presidente desempeña
un importante papel negociando con las FARC
y el ELN, especialmente en Caracas en 1991
y en Tlaxcala, México, en 1992. Sin
embargo, esos esfuerzos no arrojan resultados.
Al final de su mandato, a pesar de los esfuerzos
de paz, las estadísticas registran
cifras semejantes de delitos a las que existían
al principio de su periodo de gobierno.
Durante el periodo presidencial de Ernesto
Samper la penetración del narcotráfico
se incrementa gravemente. Se acelera igualmente
la violencia ejercida por las "autodefensas".
Para Andrés Pastrana: "debemos
reconocer que ahora, veinte años
después de la llegada de los cultivos
de marihuana a Colombia, junto con un aumento
en la producción de coca y amapola,
el narcotráfico sigue creciendo en
importancia como fuerza desestabilizadora;
es una causa de distorsiones en nuestra
economía, de una reversa en los avances
logrados en la redistribución de
tierras, una fuente de corrupción
en la sociedad, un multiplicador de la violencia,
y un factor negativo en el clima de inversión
y lo que es más grave de todo, sirve
como fuente de los crecientes recursos de
los grupos armados...". Y agrega: "Las
debilidades de un Estado que todavía
se encuentra involucrado en un proceso de
consolidación han sido agravadas
por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico..."
"Recientemente, la relación
financiera entre los varios grupos armados
y los narcotraficantes ha logrado intensificar
el conflicto armado, y ha limitado la capacidad
del Estado para cumplir con sus responsabilidades
más importantes. La recuperación
de esta capacidad por parte del Estado exige
un proceso de reconstrucción de la
sociedad y de la comunidad..."
Es por ello que toma forma el Plan Colombia
que tiene como meta "promover nuevas
actividades económicas y actividades
alternativas en la agricultura con atención
especial a la recuperación del medio
ambiente y a la protección de los
ecosistemas frágiles que han sido
amenazados por los cultivos ilícitos."
Una estrategia económica que genere
empleo, que fortalezca la capacidad del
Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca
una fuerza económica viable para
contrarrestar el narcotráfico.
Una estrategia fiscal y financiera que adopte
medidas severas de austeridad y ajuste con
el fin de fomentar la actividad económica,
y de recuperar el prestigio tradicional
de Colombia en los mercados financieros
internacionales.
Una estrategia de paz que se apunte a unos
acuerdos de paz negociados con la guerrilla
con base en la integridad territorial, la
democracia y los derechos humanos, que,
además, deban fortalecer el estado
de derecho y la lucha contra el narcotráfico.
Una estrategia para la defensa nacional
para reestructurar y modernizar las fuerzas
armadas y la Policía, para que estos
recuperen el estado de derecho, y proporcionen
seguridad en todo el territorio nacional,
en contra del delito organizado y los grupos
armados y para proteger y promover los derechos
humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Una estrategia judicial y de derechos humanos,
con el fin de reafirmar el estado de derecho
y para asegurar una justicia igualitaria
e imparcial para todos.
Una estrategia antinarcóticos, en
asocio con los demás países
involucrados en algunos o todos los eslabones
de la cadena: la producción, distribución,
comercialización, consumo, lavado
de activos, de precursores y de otros insumos,
y el trafico de armas.
Una estrategia de desarrollo alternativo,
que fomente esquemas agropecuarios y otras
actividades económicas rentables
para los campesinos y sus familias.
Una estrategia de participación social
que apunte a una concientización
colectiva. Esta estrategia busca desarrollar
una mayor responsabilidad dentro del gobierno
local, el compromiso de la comunidad en
los esfuerzos anticorrupción y una
presión constante sobre la guerrilla
y sobre los demás grupos armados,
con el fin de eliminar los secuestros, la
violencia y el desplazamiento interno de
individuos y comunidades.
Una estrategia de desarrollo humano que
garantice servicios de salud y de educación
adecuados para todos los grupos vulnerables
de nuestra sociedad durante los próximos
años.
Una estrategia de orientación internacional
que confirme los principios de corresponsabilidad,
acción integrada y tratamiento equilibrado
para el problema de la droga.
En el marco de esas estrategias se inician
las Conversaciones de Paz y como paso previo
se crea el área desmilitarizada o
"Zona de Distensión". Es
creada por Ley para garantizar la seguridad
necesaria con miras a avanzar en las negociaciones
con la guerrilla. Esta ley permite que el
Presidente cree y suspenda un área
de distensión como expresión
de la soberanía del Estado. La Ley
solamente restringe la presencia del Ejército
y la Policía dentro de dicha área
y suspende órdenes de captura, sin
embargo, no restringe la actividad de los
funcionarios elegidos a nivel local o regional.
Hasta ahora los recursos aprobados por el
Congreso de los Estados Unidos ascienden
a cerca de 1,320 millones de dólares.
Un 35% de la ayuda estadounidense en la
practica no entrará a Colombia, sino
que será destinada a otros países
como Perú, Bolivia y Ecuador, para
respaldar la acción antinarcóticos
de Colombia.
Los recursos se aplican en la siguiente
forma:
Militar. 529,2 millones de dólares,
de los cuales 328 millones están
representados por helicópteros y
se incluye gasolina y repuestos
Policía. 123,1 millones
Desarrollo Alternativo 68,5 millones
Desplazados 37,5
Derechos Humanos 51,0
Reforma a la justicia 13,0
Hacer cumplir la ley 45,0
Paz 3,0
Total 862,3.
Si se agrega la ayuda que ya había
sido aprobada con anterioridad para los
años 2000 y 2001, unos 330 millones
de dólares, en su mayoría
para la Policía Antinarcóticos,
el total seria de 1,192.3 millones de dólares.
Conviene, someramente, revisar el Objetivo
Numero Uno del Plan, el cual ha levantado
agudas polémicas. En efecto, este
establece que para fortalecer la lucha contra
el narcotráfico y desmantelar las
organizaciones de traficantes mediante esfuerzos
integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas,
se desplegarán las siguientes acciones:
Combatir el cultivo ilícito
mediante la acción continua y sistemática
del Ejército y de la Policía,
especialmente en la región del Putumayo
y en el sur del país. El gobierno
no tolerará ningún vínculo
entre los miembros de las Fuerzas Armadas
o de la Policía Nacional con ningún
grupo armado o fuerza al margen de la ley.
Establecer control militar sobre
el sur del país con propósitos
de erradicación.
Destruir las instalaciones de procesamiento,
y mejorar la intersección de drogas
y de precursores en los medios terrestres,
aéreos, marítimos y fluviales.
Establecer el control gubernamental
sobre las áreas clave de producción
de drogas.
Como puede apreciarse este recorrido por
Colombia no para aquí, sino que sigue
y sigue... del presente para adelante nada
esta escrito, tan solo esta por escribirse.
Bogotá, Colombia
24 de septiembre de 2002
*Las opiniones expresadas en este artículo
y en todos los textos publicados en "Sus
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a su autor y no representan el pensamiento
de Portalcol.com.
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