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los que han sido víctimas, para
terminar comiendo peor que nunca en los
campamentos guerrilleros y finalmente acabar
muertos o lisiados después de un
combate contra efectivos del Ejército
o la Policía Nacional...
Niños reclutados a la fuerza, secuestrados
por las FARC, arrebatados de sus hogares
y de las manos de sus padres... Niñas
y niños maltratados, abusados, traumatizados
y malogrados, quizás para siempre.
De niños reclutados por los frentes
de las AUC, atraídos por las promesas
de un mejor futuro económico para
ellos y sus familias, aun a costa de sus
propias vidas...
Niñas y niños colombianos
convertidos en soldados irregulares, torturadores,
terroristas, asesinos o cadáveres,
cuando a su edad deberían estar estudiando
y jugando, como lo han hecho los niños
de todos los tiempos en todos los lugares
del mundo para crecer como mujeres y hombres
de bien, adultos útiles a la sociedad
y al país.
De cientos de casos como los de estos pequeños,
que son protagonistas de primera línea
en el escenario de la violencia nacional,
está lleno el informe de Human Rights
Watch —una de las más consistentes
y prestigiosas organizaciones no gubernamentales
defensoras de los Derechos Humanos—,
sobre la terrible situación de los
niños combatientes en todos los grupos
armados al margen de la ley que operan en
Colombia.
La cifra de los menores de edad involucrados
directamente en el conflicto armado ha sido
calculada en 11.000, aproximadamente. Se
considera que una cuarta parte del total
de guerrilleros y paramilitares que luchan
en campos, veredas y pueblos colombianos
son niños, y un 10% de ellos son
reclutados a la fuerza. De nada han servido
entonces los compromisos asumidos ante el
país y la comunidad internacional
por estas organizaciones ilegales, con el
fin de eliminar de sus prácticas
de guerra el reclutamiento de menores.
El panorama de esta realidad hacia el futuro
es poco alentador. Es claro que los grupos
terroristas no son luchadores que defienden
los derechos de los colombianos menos favorecidos.
Sólo son grupos de delincuentes organizados
militarmente, que defienden a toda costa
sus ilícitos negocios —narcotráfico,
secuestro, extorsión, abigeato, etc.—,
y estos negocios serán más
rentables a medida que mejoren sus estructuras
de costos.
Los guerrilleros y paramilitares rasos
son prácticamente desechables en
la estructura de esas organizaciones, pero
los niños lo son aun más:
representan menores costos, pues comen menos,
son más adaptables, asumen mayores
riesgos y obedecen sin cuestionar.
Tanto la comunidad internacional como las
ONG defensoras de los Derechos Humanos están
obligadas a exigirles a los grupos ilegales
colombianos el pleno respeto de los Derechos
del Niño. Y el Gobierno colombiano
debe mantener en los puntos de eventuales
negociaciones con los grupos guerrilleros
y las autodefensas la liberación
y reincorporación de todos los menores
de edad a la vida civil, así como
la inmediata y definitiva suspensión
de su reclutamiento.
De no conseguir esto, los niños
combatientes seguirán teniendo un
fusil como único juguete, y en Colombia
habrá después 11.000 o más
hombres y mujeres que sólo aprendieron
a asaltar, torturar, matar y poner bombas.
Y éste no es el futuro que nuestro
país y los colombianos de bien merecemos
vivir.
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