fundamental en las actuales circunstancias
de nuestro país.
Durante la sesión fue duramente
cuestionado el manejo dado a estos episodios
por el general Teodoro Campo, director de
la Policía Nacional, con actitudes
impropias de su alto rango, de las responsabilidades
a su cargo y de la inmensa confianza depositada
en él por el presidente Uribe cuando
lo llamó para que volviera de su
retiro a asumir el mando de la institución.
Quizá en un intento por evitar que
este gravísimo caso de corrupción
enlodara la imagen de la Policía,
el general Campo trató de manejar
la situación internamente y en secreto,
pero la magnitud de los hechos desbordó
sus "buenas intenciones". Si bien
es cierto que 'la ropa sucia se lava en
casa', no había forma de evitar que
las manchas ocasionadas por los actos de
estos policías corruptos dejaran
de ser visibles a la luz pública.
Además del enfrentamiento que se
presentó en el debate entre el general
Campo y el general (r) del Ejército
Gabriel Díaz a quien estos
hechos terminaron por costarle su carrera
militar, quedaron claras las diferencias
de criterios e intereses entre los altos
mandos de la Policía y los de las
Fuerzas Militares y la desconfianza del
director de la Policía en sus subalternos,
a cuyos informes de inteligencia que revelaban
los episodios de corrupción no les
dio crédito oportunamente.
Pero lo peor de todo es el claro enfrentamiento
entre el general Campo y la Ministra de
Defensa, Martha Lucía Ramírez,
a quien el director de la Policía
no le ha entregado un informe oficial de
los hechos, tres meses después de
haber estallado el escándalo. Mientras
pretende atacar con todas las fuerzas al
terrorismo y la corrupción, este
Gobierno no puede permitirse el lujo de
que la Ministra desconozca hechos de tal
gravedad en el interior de las fuerzas de
seguridad.
La estrategia de seguridad democrática
se basa en el compromiso de todos los miembros
de la sociedad, y en especial de los policías
y los militares, en la lucha contra la delincuencia,
y si alguien se atrevió a denunciar
mediante un anónimo la devolución
de los cargamentos de cocaína lo
menos que debía esperarse de la Fuerza
Pública era la búsqueda y
captura de los narcotraficantes, y no la
negociación con ellos.
Tampoco es un aporte a la confianza de
la ciudadanía en las instituciones
y quienes las dirigen la actitud de la Ministra,
quien dejó al descubierto ante los
medios su incapacidad para imponer su autoridad
en este caso, y para enterarse a fondo de
los hechos y tomar las decisiones necesarias
que le permitieran continuar con el saneamiento
de la Policía.
Para los colombianos resulta vergonzoso
ver a los responsables de proteger sus vidas,
honra y bienes enfrascados en disputas mezquinas,
mientras los agentes de policía y
los soldados rasos luchan en las selvas
y los montes contra los terroristas y se
juegan diariamente la vida o la libertad,
o mientras decenas de ellos soportan la
ignominia de un cautiverio que en muchos
casos ha durado varios años.
De las peleas entre amigos siempre sale
vencedor el enemigo. Ésta es una
lección que ya deberían haber
aprendido la ministra de Defensa, el director
de la Policía Nacional y los altos
mandos militares.
Es el momento de asumir responsabilidades
y tomar decisiones, para que podamos saber
con qué y con quién contamos
en nuestra lucha por recuperar el país
de las manos de los corruptos y los terroristas.
Y no podemos seguir delegando nuestras esperanzas
en altos mandos que aún no saben
que 'entre cielo y tierra no hay nada oculto',
y que hay que actuar con la verdad y de
cara al país.
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