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administrativos del programa, pagar a cada
uno de los participantes un sueldo igual
o superior a tres salarios mínimos
mensuales.
Sin entrar a descalificar las intenciones
del alcalde Pérez y sus colaboradores,
que pueden ser buenas, para analizar su
propuesta hay que empezar por recordar que
está dirigida a numerosos grupos
armados, conformados por individuos que
han hecho del asesinato, el terrorismo,
el secuestro, la extorsión, el robo
y el amedrentamiento de la población
civil las actividades propias de su estilo
de vida y las formas de generar sus ingresos.
La pobre base ideológica de su actividad
armada y el hecho de que sus acciones tengan
claros fines económicos y territoriales
generan desconfianza sobre las posibilidades
de éxito de un programa de estas
características.
En primer lugar, no parece lógico
creer que estos antisociales, quienes llevan
años obteniendo jugosas ganancias
de sus macabros negocios, puedan saciar
sus apetitos económicos con sólo
un millón de pesos o menos, y es
de esperarse que los pocos que acepten participar
al comienzo del programa deserten poco tiempo
después, al enfrentarse con la dura
realidad que viven diariamente cientos de
miles de colombianos honestos que trabajan
de día y de noche, haciendo el bien
y sin causarle daño a nadie: que
en Colombia es muy difícil vivir
con tan poco dinero.
Y en segundo lugar, ¿cómo
explicarles a los ciudadanos que laboran
arduamente para sacar adelante a sus familias
y reciben como compensación a sus
esfuerzos unos salarios inferiores al millón
de pesos que a quienes matan, secuestran,
roban y amenazan se les va a premiar con
más dinero que el que ellos ganan?
Peor aún, ¿cómo presentarles
semejante injusticia a los millones de desempleados
que llevan meses o años deambulando
por las calles de nuestras ciudades, padeciendo
la peor de las torturas, que es la de sentirse
inútiles y exiliados en su propio
país?
Se pretende justificar esta propuesta desde
el punto de vista financiero, afirmando
que podría resultar más económico
"comprar la guerra" que seguir
pagando los daños causados por los
ataques de los milicianos a las comunidades
en que actúan y a las economías
de las ciudades y del país.
Con este argumento esperan recibir el apoyo
de la empresa privada para financiar los
programas de reinserción. Pero la
verdad es que no hay claridad sobre la duración
de los programas, sobre sus costos y mucho
menos sobre su efectividad.
Nos han mostrado algunos casos de personas
que en el pasado participaron con relativo
éxito en procesos similares al propuesto,
pero la realidad es que son muy pocos, en
comparación con las expectativas
que se generaron en su momento y con los
costos finales de esos programas.
Es necesario ofrecer a los integrantes
de los grupos armados al margen de la ley
opciones para que se reintegren a la sociedad,
pero primero deberán pagar su deuda
moral y legal con ella, y después
tendrán que demostrar que pueden
vivir en paz y ser productivos para sí
mismos, para sus familias y para sus conciudadanos.
Mientras tanto, estrategias como la presentada
por el alcalde de Medellín seguirán
siendo ajenas a la realidad que vivimos,
y serán propuestas indecentes para
la inmensa mayoría de los colombianos
que trabajamos, pagamos impuestos y contribuimos
al progreso y la paz en nuestro país.
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