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Humanos en Colombia durante el gobierno
de Álvaro Uribe Vélez.
De acuerdo con la generalidad de los comentarios
de prensa, este informe difiere poco de
los que esta organización no gubernamental
presenta periódicamente al mundo
sobre nuestro país. Su contenido
está lleno de lugares comunes y frases
de cajón, como la existencia de "homicidios
con motivación política",
"torturas", "malos tratos",
"detenciones y allanamientos arbitrarios",
y todas estas condenables conductas son
adjudicadas principalmente, de manera tácita
o explícita, a las fuerzas de seguridad
del Estado.
Desde hace unos años, ésta
y otras ONG's defensoras de los Derechos
Humanos han incluido algunas —muy pocas—
informaciones sobre las violaciones que
cometen los grupos armados ilegales, pero
a diferencia de la crudeza con que califican
los hechos que adjudican a las fuerzas estatales,
describen los crímenes de las FARC
y el ELN con tibias y moderadas expresiones
como "reclutamiento de menores",
"intimidación", "amenazas"
y "acosos".
En lo que sí coinciden al acusar
a todas las fuerzas en conflicto es en el
facilismo y la falta de rigor que caracterizan
a sus informes, pues no denuncian las violaciones
de los Derechos Humanos con nombres propios,
y caen en generalizaciones injustas —como
todas— que aumentan la impunidad y
afectan gravemente la imagen de nuestro
país en el mundo.
Con razón todos los ciudadanos de
Colombia somos mirados con desconfianza
en la mayoría de los países:
aquí los corruptos, los narcotraficantes,
los terroristas y los asesinos no tienen
nombres ni apellidos; sólo son colombianos.
Y para un extranjero, con tan pocos elementos
de juicio, cualquiera de nosotros podría
serlo.
Es por esto que los informes de las ONG's
se parecen cada vez más a las cantaletas
de los papás cansones. Con el agravante
de que son preparados y presentados desde
sus confortables oficinas ubicadas en tranquilas
ciudades europeas, sin haber pisado nuestro
país y con base en testimonios fragmentarios
analizados con un claro sesgo.
Y es que estas entidades parecen tuertas,
porque ven los Derechos Humanos únicamente
con el ojo izquierdo. En sus informes, los
mayores violadores de los derechos fundamentales
son los gobiernos y sus fuerzas del orden,
pero nunca hacen los esfuerzos necesarios
ni invierten recursos similares para denunciar
las aun más atroces violaciones que
cometen los grupos subversivos.
Para ser justos, hay que aceptar que a
esto contribuyen el despliegue y la efectividad
de la diplomacia que a lo largo de muchos
años han montado los grupos guerrilleros,
especialmente en Europa. Y mientras se siga
nombrando en los cargos diplomáticos
oficiales de nuestro país a ex presidentes,
ex ministros y otros ex funcionarios, para
que vivan cómodamente sus años
sabáticos, esta situación
no tiene posibilidades de cambiar, pues
los defensores de los terroristas no tendrán
contradictores de peso, y sus estrategias
de comunicación y divulgación
superarán a las de nuestros gobiernos.
Ya es hora de que tanto Amnistía
Internacional como las demás organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos le cuenten
al mundo entero las cosas que los colombianos
sabemos desde hace tiempo. Por ejemplo,
quiénes atacan pueblos y veredas
—matando a la población civil
indefensa—, quiénes están
detrás de todos los abusos denunciados,
quiénes son los que causan un daño
enorme a la calidad de vida de los colombianos
y a la economía nacional con los
secuestros, las extorsiones y los actos
terroristas, y quiénes han ocasionado
uno de los fenómenos de desplazamiento
forzado —tanto interno como externo—
más grandes del mundo.
Ya es justo que estas organizaciones dejen
de lado la misma cantaleta de siempre. Nos
harían un bien mayor si utilizaran
la autoridad paternal que creen poseer para
enseñarnos cómo debemos proceder
para acabar con todos los verdaderos asesinos,
torturadores y violadores de los derechos
de los colombianos, a quienes parecen conocer
muy bien.
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