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Principal > Columnas > Inventario > Semana del 5 a 11 de mayo de 2003

De Bojayá a la Encarnación, un año de infamia.

Por: Jaime Eduardo Prieto Osorio.


Iglesia de Bojayá/ Gaviria/Echeverri/ Combatientes FARC

El 2 de mayo del año pasado, las FARC desencadenaron en Bojayá (Chocó) su más violenta campaña de agresión contra Colombia. Ese día, en medio de un combate con miembros de las autodefensas, destruyeron la iglesia de la población con una pipeta de gas cargada con explosivos, matando a 119 hombres, mujeres y niños, civiles indefensos que habían buscado refugio allí, esperanzados en que los asaltantes respetarían el sagrado lugar.

Hoy, un año después, la incesante presión de las cuadrillas de ese grupo subversivo que adelantan actividades ilegales en aquella deprimida región ha sido un factor determinante para que las ayudas del Estado y las organizaciones humanitarias no lleguen efectivamente a la población.

Esto, sumado a la falta de orden y eficiencia de los gobiernos nacional y departamental, ha sumido a los pobladores en una crisis tan profunda como la que dejó el sangriento ataque.

Los actos de violencia persisten en la región y la población parece resignada a vivir en medio del conflicto armado, y a soportar los saqueos de víveres a que la someten los bandidos. Conscientes de esto, y como medida de prevención ante los desplazamientos que continuarán ocurriendo, las comunidades están construyendo los Centros Interétnicos Humanitarios, que albergarán a los desplazados en condiciones más dignas que las que debieron soportar después de la destrucción de su poblado.

Aunque desde el principio los testimonios de los pobladores de Bojayá que sobrevivieron al ataque señalaron a las FARC como autoras de la masacre, las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación durante este año arrojan claras evidencias de que la orden de destruir el templo fue emitida directamente desde el "secretariado" de esa agrupación, una especie de sanedrín tenebroso que toma decisiones tan macabras como cuáles pueblos serán destruidos y quiénes serán asesinados o secuestrados. De esta manera el autodenominado "Ejército del Pueblo" diseña y ejecuta su estrategia de guerra, para seguir sumiendo en la miseria a las regiones más marginadas del país.

Después de semejante demostración de irrespeto por la vida humana, por las creencias de la gente y por sus deseos de paz, todos los colombianos quedamos advertidos de los niveles de atrocidad que esa organización terrorista, una de las más numerosas y violentas del mundo, era capaz de alcanzar. Lo que no imaginábamos era que durante las cincuenta y dos semanas siguientes íbamos a ser testigos de una competencia entre los diversos frentes por superar los records mundiales de la crueldad y la sevicia.

Durante este año se han ensañado con el país. En su afán de evitar que el Estado les desbarate sus oscuros negocios disfrazados de lucha revolucionaria —narcotráfico, secuestros y extorsiones—, han cometido varios de los crímenes más salvajes y cobardes registrados en la historia del mundo.

Han seguido cometiendo secuestros, extorsiones y amenazas a lo largo y ancho del territorio nacional, al grado de ganarse la calificación de José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la Sección Americana de Human Rights Watch, como "campeones mundiales" en esas actividades violatorias del Derecho Internacional Humanitario.

Para demostrar un poder destructivo inversamente proporcional a su fuerza política, las FARC han utilizado carros bomba contra centros comerciales, clubes sociales, sedes de entidades gubernamentales y unidades del ejército y la policía. Después de varios años de estar utilizando los cilindros bomba, inventaron los balones bomba, las bicicletas bomba, los animales bomba y, en el colmo de su creatividad asesina, los cadáveres bomba y los niños bomba.

Son los principales responsables de la mayoría de las muertes violentas que ocurren en Colombia, de la falta de inversión en la economía nacional y de los altos índices de desempleo actuales.

Y para acabar de completar este deshonroso prontuario, un grupo de integrantes de ese grupo terrorista asesinó a sangre fría en la vereda La Encarnación del municipio de Urrao al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, al ex ministro de Defensa y consejero de paz de ese departamento, Gilberto Echeverri, y a ocho miembros de las Fuerzas Militares, cuando se dieron cuenta de la presencia de la fuerza pública en los alrededores del campamento donde los tenían vilmente secuestrados.

La actitud de la cuadrilla de las FARC que acabó con la vida de sus indefensos rehenes, cumpliendo órdenes del comandante apodado "El paisa", contrasta con los métodos que los miembros del ejército tenían planeado utilizar para obtener la liberación de los secuestrados y la rendición de los guerrilleros.

En un acto de despreciable cobardía, les dispararon ráfagas de fusil y los remataron con mal llamados "tiros de gracia", para huir inmediatamente hacia el interior de la selva. Cuando los militares llegaron al campamento sólo encontraron nueve cadáveres, tres suboficiales heridos —uno de los cuales falleció posteriormente—, y uno ileso. En medio de la tragedia que representa el asesinato de estos valientes colombianos, la supervivencia de tres de los secuestrados es un saldo positivo, dada la clara intención de las FARC de ejecutarlos a todos. Y así quedó quien nos contara la verdad de los hechos.

No resulta difícil suponer que la orden de asesinar a todos los secuestrados en ese campamento refleja la decisión de ese grupo terrorista de eliminar a todos los secuestrados, especialmente quienes podrían ser utilizados para presionar un canje, como son los dirigentes políticos, los policías y los soldados.

Esto ha puesto a esos colombianos indefensos en una situación de muerte virtual; están muertos en vida, como se ha dicho muchas veces durante los últimos meses, dado el trato inhumano al que están siendo sometidos y la constante amenaza de muerte que se cierne sobre ellos.

Con esta estrategia, las FARC tienen como rehén a todo el país, y la única forma de contrarrestarla es perseguir a todos sus integrantes, acorralarlos, capturarlos o darlos de baja, para debilitar a esa organización y forzarla a buscar una solución negociada al conflicto, que no incluya la postración y la claudicación del Estado y la Nación. Y esa solución sólo debe buscarse luego del cese de los secuestros, las extorsiones y los actos terroristas.

Suficiente daño han causado las FARC a Colombia y a los buenos colombianos, como para seguir entregándoles el territorio que queremos y sobre el cual trabajamos honesta y dignamente; un país maravilloso que ha sufrido demasiado por culpa de las acciones siniestras de los peores criminales de su historia, y en el cual tienen derecho a vivir en paz nuestros hijos y todas las generaciones venideras.

Sólo así estaremos a la altura del sacrificio de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, quienes practicaron y pregonaron la no violencia, y de los soldados que perdieron sus vidas en defensa de todos los colombianos. Sólo así honraremos con justicia su memoria.

 
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