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años de existencia se ha dedicado
a atacar indiscriminadamente a los ciudadanos
indefensos de Colombia, y a tratar de desvirtuar
todos los procesos democráticos que
se han producido en el país.
Por otra parte, los miembros del secretariado
de las FARC no tienen autoridad moral ni
conceptual para calificar de neoliberal
a este gobierno, como tampoco la tuvieron
para atacar las políticas económicas
de los anteriores. En los años recientes,
sus únicas propuestas económicas
han sido las sumas de dinero exigidas a
las personas y empresas extorsionadas, a
los familiares de los secuestrados —a
cambio de liberarlos—, y a los narcotraficantes
—para garantizarles la tranquilidad
en la producción y movilización
de sus cargamentos de sustancias ilícitas—.
Además, uno de los factores más
influyentes en el deterioro de la economía
nacional es el accionar destructivo de los
grupos guerrilleros, que obliga a destinar
ingentes recursos del patrimonio de todos
los ciudadanos a la reconstrucción
de la infraestructura, así como a
la recuperación de las actividades
productivas, con el objeto de revitalizar
la economía.
Está claro que las FARC no tienen
ninguna intención de acatar los deseos
de la mayoría de los demócratas
colombianos que eligieron contundentemente
a Uribe en las elecciones presidenciales
de 2002. Tampoco aceptan los resultados
de las encuestas, que lo confirman como
uno de los presidentes más populares
en la historia reciente del país,
principalmente por tener a los grupos subversivos
como uno de sus objetivos de lucha en la
búsqueda del bienestar de todos los
ciudadanos.
El presidente Uribe ha mantenido abiertas
las posibilidades de iniciar un proceso
de negociación con las FARC y el
ELN con la mediación de la ONU, ya
que en los últimos años la
negociación directa se vio frustrada
muchas veces, como consecuencia de la falta
de seriedad y cumplimiento de los subversivos.
Ahora el gobierno está mostrando
su disposición a buscar acercamientos
y acuerdos de desmovilización y desarme
con las autodefensas, y esto parece haber
molestado a los miembros del secretariado,
quienes seguramente extrañan el desmedido
protagonismo que tuvieron durante la administración
de Andrés Pastrana.
Los comandantes de esa organización
han denunciado una supuesta colaboración
de la Fiscalía General de la Nación
con la justicia estadounidense, que envió
al estado colombiano las solicitudes de
extradición de tres de sus principales
cabecillas.
Ignoran flagrantemente el carácter
de crímenes contra la humanidad que
tienen las atrocidades cometidas por esos
delincuentes en sus ataques a ciudadanos
estadounidenses dentro del territorio colombiano.
Esto es intolerable, ya que siempre invocan
los acuerdos internacionales de protección
a los derechos humanos cuando los integrantes
y simpatizantes de su organización
se ven amenazados, pero no los reconocen
cuando son ellos quienes los violan sistemáticamente.
Esto refleja el temor que tienen de ser
llevados a los Estados Unidos, pues allí
podrían recibir sentencias y penas
que no se les dictarían si cayeran
en manos de la justicia colombiana.
Entretanto, estos criminales siguen utilizando
como escudos humanos y moneda de cambio
a los políticos, militares y policías
secuestrados, exigiendo un canje por los
miembros de su organización detenidos
en las cárceles. No hay duda de que
las FARC y el ELN están aliados ahora
bajo la misma estrategia política
y militar, y al proponer un gobierno paralelo
han declarado la guerra, no solamente a
este gobierno, sino a todos los colombianos.
Por esto debemos reaccionar como lo haríamos
si el gobierno de otra nación hiciera
algo similar: con decisión, fuerza
y valentía, en defensa de nuestro
país y de su gente.
Estamos frente una agresión armada
en nuestro propio territorio, y es nuestro
deber reaccionar contra los agresores. Sólo
así recuperaremos todo lo que hemos
perdido.
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